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Abrir la hemeroteca y encontrarse con la edición del 9 de marzo de 1996 del Diario del Altoaragón es volver a una conversación que todavía no se ha apagado del todo. En la página 11 de aquel número —accesible desde la hemeroteca digital del periódico— se hablaba de insumisión, de juicios, de objeción de conciencia y de una forma de militancia cívica que atravesó también nuestros pueblos de La Litera y el Bajo Cinca. Aquella crónica reflejaba un clima social muy concreto: una España que discutía la “mili”, que contaba objetores y que encajaba —no sin tensiones— la desobediencia civil.
La noticia de 1996 encajaba con el pulso del momento: objetores que no aceptaban ni el cuartel ni la Prestación Social Sustitutoria (PSS), un instrumento legal creado en 1984 para quienes invocaban la conciencia, pero más largo que el propio servicio militar, y visto por los insumisos como una penalización encubierta. La Ley 48/1984 reguló la objeción y la PSS; negarse a la mili se juzgó primero en la jurisdicción militar, y rehusar la PSS implicaba procesos en la ordinaria, con penas de prisión que, en los 90, se convirtieron en uno de los costes políticos más visibles del tema.
